La Corte Constitucional anuló dos leyes clave del gobierno de Noboa por inconstitucionalidad.
Si seguís de cerca la política ecuatoriana, sabrás que el Tribunal Constitucional acaba de emitir un fallo que marca un antes y un después en el gobierno de Daniel Noboa. Dos de sus iniciativas legislativas más emblemáticas —la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública— fueron declaradas inconstitucionales. ¿La razón? Un uso indebido del mecanismo de urgencia económica y la vulneración de principios como la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática.
Este fallo no solo frena el avance de medidas que buscaban reforzar la seguridad y combatir la corrupción, sino que también expone las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La Corte fue clara: no se puede legislar por atajo, ni limitar el debate público en nombre de la urgencia.
¿Qué proponían las leyes anuladas?
La Ley de Solidaridad Nacional pretendía canalizar recursos hacia la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco del “conflicto armado interno” declarado por Noboa en 2024. Incluía disposiciones polémicas como la posibilidad de otorgar indultos anticipados a uniformados procesados por delitos cometidos durante operativos contra el crimen organizado.
Por su parte, la Ley de Integridad Pública endurecía penas contra funcionarios corruptos, pero también elevaba las sanciones para adolescentes entre 12 y 18 años, pasando de ocho a quince años de privación de libertad. La Corte consideró que ambas leyes mezclaban materias incompatibles y vulneraban garantías constitucionales.
Casinos sí, garantías no: el contraste del referéndum
Mientras estas leyes fueron bloqueadas, el Tribunal Constitucional dio luz verde a incluir en el referéndum del 16 de noviembre una pregunta sobre la legalización de casinos en hoteles cinco estrellas. Este tipo de negocios fue prohibido en 2011 durante el gobierno de Rafael Correa, pero ahora podría volver si la ciudadanía lo aprueba.
La Corte también avaló que se consulte sobre la presencia de bases militares extranjeras, la financiación de partidos políticos y la formación de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, descartó preguntas sobre el uso de imagen de sentenciados en campañas y la expedición de una nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales, por considerarlas materia de ley ordinaria.
La reacción del gobierno: “Nos dejaron sin herramientas”
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, no tardó en responder. Acusó al tribunal de “desproteger a la ciudadanía” y de quitarle al pueblo las herramientas para enfrentar a las mafias, los narcos y los corruptos. “Hoy más que nunca, vamos a la Constituyente”, escribió en su cuenta de X.
Este enfrentamiento entre poderes no es nuevo. Desde su reelección en abril, Noboa ha promovido varias leyes bajo el mecanismo de urgencia económica, lo que obliga a la Asamblea Nacional a tratarlas en un plazo máximo de 30 días. La Corte, sin embargo, ha suspendido artículos y frenado iniciativas que considera contrarias a la Constitución.
¿Qué sigue para Ecuador?
A dos meses del referéndum, el contenido definitivo de la papeleta aún no está cerrado. Lo que sí está claro es que el debate sobre la reforma constitucional, la seguridad y la transparencia institucional se ha intensificado. Noboa apuesta a la Asamblea Constituyente como vía para recuperar el control político, mientras la Corte insiste en preservar el equilibrio institucional.
Como ciudadano, estás ante una coyuntura clave. Las decisiones que se tomen en noviembre podrían redefinir el marco legal del país y el alcance del poder presidencial. ¿Creés que el referéndum será una herramienta de cambio o una fuente de mayor polarización?
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