Uruguay denuncia penal a Cardama por estafa en contrato de patrulleras oceánicas

Si seguís los temas de defensa y contratación estatal, este caso te va a interesar. El gobierno uruguayo presentó una denuncia penal contra el astillero español Cardama por presunta estafa y fraude en el marco del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV), valuado en más de 82 millones de euros. La decisión se tomó luego de que se detectara que la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa era falsa.

Garantía falsa y domicilio inexistente

La garantía, emitida por Eurocommerce Limited, debía respaldar el 5% del valor del contrato (unos 4,1 millones de euros). Sin embargo, al intentar ejecutarla, el gobierno descubrió que la empresa no tenía domicilio real. El embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, se presentó en la dirección declarada y encontró una inmobiliaria. Eurocommerce no tiene empleados activos, está en proceso de liquidación y su dueño reside en Rusia.

Este hallazgo llevó al Poder Ejecutivo a contratar al estudio jurídico británico Arnold & Porter, con experiencia en arbitrajes internacionales, para investigar la firma garantista. El informe preliminar confirmó que el documento presentado por Cardama era apócrifo y que la empresa no tenía capacidad legal ni financiera para respaldar el contrato.

Acciones legales en Uruguay y Reino Unido

La resolución firmada el 22 de octubre por la ministra de Defensa Sandra Lazo, el canciller Mario Lubetkin y el presidente Yamandú Orsi ordenó iniciar acciones civiles, penales y administrativas tanto en Uruguay como en el exterior. En Reino Unido, se evalúa presentar denuncias ante la Serious Fraud Office y la National Crime Agency, agencias especializadas en fraudes complejos.

Además, se recomendó que la Embajada de Uruguay envíe una carta formal al Fiscal General británico para que el caso sea tratado como prioritario, aprovechando el estatus soberano del Estado uruguayo.

Cardama se defiende: “Yo fui estafado”

En entrevista con El País, Mario Cardama, dueño del astillero, aseguró que él también fue víctima de una estafa. “Me han dado una garantía que es mentira. Me siento defraudado”, declaró. Según su versión, la empresa garantista cambió de dirección y él está intentando obtener explicaciones. Sin embargo, el gobierno uruguayo sostiene que Cardama es responsable por haber presentado un documento inválido que permitió la activación del contrato.

Transferencias millonarias sin entrega de buques

Antes de que se detectara el fraude, el Estado uruguayo ya había realizado tres transferencias a Cardama por un total de US$ 30 millones, en función de supuestos “hitos” de construcción. La entrega del primer buque estaba prevista para junio de 2025, pero no se concretó. El contrato, firmado en diciembre de 2023, entró en vigencia en octubre de 2024 tras aceptar la garantía ahora cuestionada.

El informe jurídico del estudio Delpiazzo, fechado el 6 de noviembre, ya advertía sobre irregularidades en el documento: falta de apostilla, ausencia de certificación de firma y representación no acreditada. A pesar de estas alertas, el Ministerio de Defensa aceptó la garantía cinco días antes del balotaje presidencial.

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