Caso Cardama: la ministra Sandra Lazo no comparece y crecen las denuncias por irregularidades

Si seguís de cerca los temas de defensa nacional, sabés que el contrato con el astillero español Cardama para construir dos patrulleras oceánicas (OPV) se convirtió en uno de los escándalos más resonantes del año. Esta semana, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, comunicó que no concurrirá a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, donde debía explicar la rescisión del contrato por más de 82 millones de euros.

La decisión que encendió la polémica

La ausencia de Lazo fue comunicada por correo electrónico desde el ministerio, alegando que probablemente sea interpelada por el Parlamento, tal como anunció el Partido Nacional. Para los diputados de la oposición, esta decisión representa una falta de respeto institucional y una maniobra para evitar dar explicaciones.

Gabriel Gianoli (Partido Nacional) afirmó que la ministra “demuestra su intención de ocultar la verdad y falsear la información sobre las OPV”. Maximiliano Campo (Partido Colorado) agregó: “Cuando un ministro evita dar explicaciones al Parlamento, habla más su ausencia que sus palabras”.

¿Qué pasó con el contrato?

El contrato con Cardama incluía la construcción de dos patrulleras oceánicas por un valor superior a los US$ 92 millones. Sin embargo, el astillero incumplió reiteradamente con la presentación de garantías válidas. La empresa presentó como garante a Eurocommerce LTD, una firma sin domicilio real, sin empleados y en proceso de liquidación. El embajador uruguayo en Reino Unido constató que la dirección declarada correspondía a una inmobiliaria.

Además, el gobierno ya había transferido unos US$ 30 millones en función de supuestos “hitos” de construcción, pese a que la entrega del primer buque —prevista para junio de 2025— no se concretó.

Advertencias ignoradas y garantías inválidas

Defensa contaba con un informe jurídico del estudio Delpiazzo que alertaba sobre irregularidades en la documentación presentada por Cardama. El documento no estaba apostillado, carecía de certificación de firma y no acreditaba debidamente la representación del firmante. A pesar de esto, el gobierno aceptó la garantía cinco días antes del balotaje de 2024, por un plazo menor al pactado originalmente.

Entre enero y noviembre de 2024, Cardama intentó siete veces validar garantías con entidades como Euro Exim Bank y Redbrige, pero el Banco Central no pudo acceder a información financiera sobre ellas.

Reacciones políticas y legales

El Poder Ejecutivo decidió iniciar acciones legales en Reino Unido y España. La fiscal Sandra Fleitas investiga el caso por presunta estafa al Estado. Mientras tanto, la oposición exige explicaciones urgentes y cuestiona la falta de transparencia del Ministerio de Defensa.

La ministra Lazo, en entrevista con medios afines, negó maniobras políticas y aseguró que la rescisión se basó en irregularidades administrativas y financieras. Sin embargo, su ausencia ante la comisión parlamentaria sigue generando tensión.

¿Creés que la ministra debería comparecer ante el Parlamento para aclarar el caso Cardama?