Fiscalía imputó a sospechoso por atentado armado contra la fiscal Mónica Ferrero
Si seguís de cerca la lucha contra el narcotráfico en Uruguay, este caso marca un punto crítico. La Fiscalía General de la Nación solicitó la imputación formal de un hombre vinculado a la banda de Los Albín —brazo ejecutor del prófugo Sebastián Marset— por el atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
El ataque, ocurrido en su vivienda, incluyó disparos, una intrusión por los techos y la excavación de un pozo para detonar una granada. La gravedad del hecho no solo pone en riesgo a una funcionaria clave del sistema judicial, sino que expone el nivel de planificación y violencia que manejan las organizaciones criminales en el país.
¿Qué se sabe del atentado?
Según informó el Ministerio Público, el agresor fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. La Justicia dispuso prisión preventiva hasta el 28 de marzo, mientras continúa la investigación.
Una mujer que también había sido detenida quedó en libertad, aunque no se descarta su vinculación con la logística del ataque. La fiscal de Estupefacientes de 4° turno, Angelita Romano, está a cargo del caso y sigue tras la pista de otros posibles responsables.
El operativo y la fuga
Horas después del atentado, la Policía encontró la camioneta utilizada por los agresores. El vehículo había sido incendiado y abandonado cerca del Cementerio Norte, lo que sugiere un intento de borrar rastros.
Ambos sospechosos accedieron a la vivienda de Ferrero a través de los techos, evitando la garita policial ubicada en las inmediaciones. Su huida fue captada por cámaras de vigilancia, lo que permitió reconstruir parte del recorrido.
El perfil de Ferrero y las amenazas previas
Desde antes de asumir como fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero ha mantenido un perfil bajo. Las amenazas recibidas por parte de organizaciones narco, incluido el uruguayo Sebastián Marset —prófugo de la Justicia en varios países—, han condicionado su exposición pública.
Este atentado confirma que el riesgo no es hipotético. La planificación, el uso de armas, la excavación de un pozo para colocar una granada y la fuga organizada revelan un nivel de ejecución que supera el delito común.
¿Qué implica esta imputación?
La decisión de la Fiscalía marca un avance en la investigación, pero también deja en evidencia que el ataque no fue aislado. El vínculo con Los Albín, una banda con historial de violencia y conexión directa con Marset, sugiere que el atentado responde a una lógica de intimidación institucional.
La imputación por estrago y atentado agravado refuerza la idea de que se buscaba generar daño no solo físico, sino simbólico: atacar a quien representa la acción penal del Estado.
