Río de Janeiro: 132 muertos tras operativo policial, Lula exige explicaciones urgentes
La ciudad de Río de Janeiro acaba de atravesar una de las jornadas más oscuras de su historia reciente. La defensoría pública del Estado confirmó este miércoles que 132 personas murieron durante una megaoperación policial contra el grupo criminal Comando Vermelho, en los barrios de Penha y Alemão. Esta cifra duplica el balance oficial inicial de 60 muertos y convierte el operativo en el más letal jamás registrado en el estado.
Un operativo que supera la masacre de Carandiru
La magnitud del operativo no solo sacudió a la población local, sino que también superó en número de víctimas a la tristemente célebre masacre de Carandiru, ocurrida en 1992 en São Paulo, donde murieron 111 reclusos. En este caso, los cuerpos fueron hallados por vecinos en las calles de las favelas, acumulados en plazas como São Lucas, en Penha, mientras familiares buscaban desesperadamente a sus desaparecidos.
Lula horrorizado: reacción presidencial ante la tragedia
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su consternación ante la cifra de muertos. “El presidente quedó horrorizado con el número de víctimas fatales”, declaró su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. La frase resonó en medios nacionales e internacionales, marcando un quiebre en el discurso oficial sobre seguridad pública.
Mientras tanto, el gobernador de Río, Cláudio Castro, sostuvo que el número oficial se mantenía en 60, pero advirtió que “va a cambiar”, ya que los fallecidos se contabilizan únicamente cuando llegan a la morgue. Esta metodología, sumada a la falta de acceso inmediato a los cuerpos, genera confusión y desconfianza sobre la transparencia institucional.
¿Qué pasó en Penha y Alemão?
El operativo se desplegó con más de 2.500 agentes, helicópteros, vehículos blindados y armamento militar. El objetivo era desarticular estructuras del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Sin embargo, el saldo humano fue devastador. Decenas de cadáveres fueron encontrados por vecinos, muchos de ellos sin identificación, y trasladados por civiles ante la ausencia de autoridades forenses.
La defensoría pública acompañó las búsquedas desde la madrugada, recabando testimonios de familiares y habitantes que denunciaron abusos, desapariciones y uso excesivo de la fuerza. El organismo, que brinda asistencia jurídica gratuita, se convirtió en una fuente clave para entender la dimensión real de la tragedia.
Implicancias políticas y sociales
La diferencia entre las cifras oficiales y las reportadas por la defensoría pública plantea interrogantes sobre el control institucional, el uso de la fuerza y la protección de derechos humanos en contextos de violencia estatal. La reacción de Lula, en contraste con la postura del gobernador Castro, evidencia tensiones internas sobre el modelo de seguridad pública.
Organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y referentes políticos ya comenzaron a exigir explicaciones. La magnitud del operativo, el número de víctimas y la falta de información clara generan un clima de alarma y desconfianza.
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