Este jueves, la Justicia uruguaya condenó al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por el delito de apropiación indebida. La jueza Diovanet Olivera consideró probado que Iglesias se quedó con US$ 180.000 pertenecientes a la mutualista, dinero que surgió de la venta de un inmueble institucional. El fallo establece 24 meses de prisión con libertad a prueba, de los cuales 12 serán en régimen domiciliario. Además, deberá cumplir diez meses de servicios comunitarios, diez horas semanales, y presentarse semanalmente en la comisaría una vez cumplida la pena.
El origen del caso: cierre y faltante millonario
Iglesias fue imputado en marzo de 2024 por el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, quien lo acusó de apropiación indebida e insolvencia societaria durante su gestión al frente de Casa de Galicia, entre 2018 y diciembre de 2021. La mutualista cerró en medio de una crisis financiera y administrativa que dejó miles de afiliados sin cobertura y generó una fuerte polémica en el sistema de salud uruguayo.
Durante el juicio, se analizó la venta de un inmueble por US$ 480.000. De esa operación, US$ 180.000 no ingresaron a las cuentas institucionales. Iglesias reconoció haberse quedado con ese monto, alegando que correspondía a un préstamo personal de US$ 200.000 que había realizado para la operativa del centro de salud. Sin embargo, admitió que no podía probarlo documentalmente.
La decisión judicial: condena parcial y medidas alternativas
La jueza Olivera hizo lugar parcialmente al pedido del fiscal Rodríguez. Si bien no se acreditó la insolvencia societaria, sí se consideró probado el delito de apropiación indebida. El fallo establece una pena de 24 meses de prisión con libertad a prueba, lo que implica que Iglesias no irá a una cárcel común, pero deberá cumplir estrictas condiciones.
Durante los primeros 12 meses, permanecerá en prisión domiciliaria. Luego, deberá realizar servicios comunitarios durante diez meses, con una carga de diez horas semanales. Además, tendrá que presentarse semanalmente en la comisaría correspondiente, como parte del control judicial.
Impacto institucional y reacción pública
La condena a Iglesias marca un precedente importante en el manejo de fondos institucionales dentro del sistema mutual. Casa de Galicia, una de las mutualistas más emblemáticas del país, cerró sus puertas en medio de denuncias por mala administración, deudas millonarias y falta de transparencia. El caso generó preocupación en el Ministerio de Salud Pública y en el sistema de seguridad social, que debió reubicar a miles de usuarios.
La admisión de Iglesias, sin respaldo documental, refuerza la necesidad de controles más rigurosos en las operaciones financieras de entidades de salud. La apropiación de fondos institucionales, especialmente en contextos de crisis, representa una vulneración grave a la confianza pública.
¿Qué sigue para Iglesias?
Con la condena firme, Iglesias deberá cumplir las medidas impuestas por la Justicia. El cumplimiento efectivo será monitoreado por el sistema judicial, y cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación de la libertad a prueba. Además, el caso podría abrir nuevas investigaciones sobre otras operaciones realizadas durante su gestión.
El fallo también deja abierta la posibilidad de que Casa de Galicia —o sus acreedores— inicien acciones civiles para recuperar el dinero apropiado. Aunque Iglesias alegó que el monto correspondía a un préstamo, la falta de documentación lo dejó sin sustento legal.
