Atentado contra Mónica Ferrero reabre el debate sobre seguridad judicial en Uruguay
El reciente atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero volvió a poner en el centro del debate la seguridad de los operadores judiciales en Uruguay. El ataque, ocurrido en la madrugada del domingo, incluyó disparos en su vivienda y la aparición de un pozo sospechoso en el patio, lo que activó un fuerte operativo policial y generó alarma institucional.
El ministro del Interior, Carlos Negro, brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que dos personas fueron detenidas como sospechosas directas del atentado: un hombre y una mujer. Según explicó, existen evidencias que los vinculan al hecho. “Ya empezaron a caer. No son los únicos ni serán los últimos en caer”, advirtió.
Un ataque con sello narco
Negro señaló que el atentado presenta similitudes con otros episodios ocurridos en el pasado contra funcionarios vinculados a la lucha contra el narcotráfico. Mencionó ataques a la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas y al exdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Eduardo Mendoza.
Además, recordó que hace menos de dos meses se incautaron 2.200 kilos de cocaína, una operación que representó un golpe millonario para organizaciones criminales. En ese contexto, sostuvo que el atentado contra Ferrero responde a la presión que genera el combate al narcotráfico sobre estructuras delictivas.
Reacción institucional y respaldo político
Tras conocerse el ataque, Negro se comunicó con la fiscal Ferrero y con el presidente de la República, Yamandú Orsi. También participó en reuniones con autoridades policiales y judiciales para coordinar la respuesta. “Este tipo de acciones no van a mover ni un centímetro el accionar de la Fiscalía, la Justicia o la Policía Nacional”, afirmó.
La causa será llevada adelante por la fiscal Angelita Romano, quien ya trabaja en varias líneas de investigación. El ministro subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de Ferrero y su entorno, además de colaborar con la Justicia en la recolección de pruebas.
Seguridad judicial en debate
El atentado reactivó una discusión que lleva años en Uruguay: ¿están protegidos los fiscales y jueces que enfrentan al crimen organizado? Asociaciones de magistrados han advertido reiteradamente sobre el riesgo creciente que enfrentan quienes investigan delitos vinculados al narcotráfico.
Expertos en seguridad señalan que este tipo de ataques buscan generar un efecto intimidatorio más allá de la víctima directa. El objetivo es sembrar miedo en el sistema judicial, condicionar decisiones y debilitar la institucionalidad. Por eso, distintos actores políticos coinciden en la necesidad de reforzar la cooperación entre Fiscalía, Policía y Poder Ejecutivo.
¿Qué medidas se están tomando?
El Ministerio del Interior trabaja en mejorar los protocolos de custodia en domicilios y lugares de trabajo de operadores judiciales. También se evalúa ampliar la protección a familiares directos y establecer sistemas de alerta temprana ante amenazas.
La consigna común es clara: los procesos judiciales no deben detenerse y los responsables deben ser identificados y sancionados con el máximo rigor legal. El atentado contra Ferrero no solo representa un ataque personal, sino un desafío directo a la institucionalidad democrática del país.
