Si trabajás en justicia, seguridad o política pública, este episodio marca un punto de quiebre. El atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero generó una reacción contundente por parte del presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, quien calificó el hecho como “terrible y grave” y exigió medidas inmediatas para reforzar la seguridad institucional.

“Lo que era profecía, se cumplió”

Rosa no ocultó su consternación. En declaraciones públicas, recordó que hace una década especialistas advertían que el crimen organizado podía atacar directamente a operadores judiciales. “Decían: ‘No crean que es un páramo, que no pasa nada’. No se tomaron los recaudos y pasó esto”, afirmó.

La frase no solo refleja indignación, sino también una sensación de frustración acumulada. Para Rosa, el atentado contra Ferrero representa una barrera que fue traspasada y que “no se puede tolerar”.

Seguridad postergada, recursos insuficientes

Uno de los puntos más críticos señalados por Rosa fue el déficit de recursos en la Fiscalía. “Estamos en una historia de postergación en materia de recursos. En seguridad, el déficit es terrible”, aseguró. Esta carencia, según el dirigente, expone a fiscales y funcionarios a riesgos crecientes, especialmente en contextos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Rosa pidió que el sistema político respalde sus declaraciones “con hechos” y que se trabaje “inmediatamente” en reforzar las condiciones de seguridad. La demanda incluye tecnología, infraestructura y personal capacitado para proteger a quienes enfrentan delitos complejos.

Ferrero sigue firme, pero el sistema está en alerta

A pesar del atentado, Rosa aseguró que la fiscal Ferrero “va a seguir firme”. Sin embargo, advirtió que el episodio marca un antes y un después. “Necesitamos que el Estado actúe para que esto no vuelva a ocurrir más”, sentenció.

La declaración busca movilizar al sistema político y generar un consenso transversal sobre la necesidad de blindar a los operadores judiciales. En este contexto, el respaldo de los partidos políticos y el avance de leyes clave, como la de lavado de activos, se vuelven urgentes.

¿Qué está en juego?

El atentado contra Ferrero no solo pone en riesgo la integridad de una funcionaria clave, sino que también desafía la capacidad del Estado para proteger a quienes enfrentan al crimen organizado. La falta de recursos, la exposición mediática y la presión territorial son factores que agravan la situación.

Si no se refuerzan las condiciones de seguridad, el sistema judicial podría enfrentar nuevos episodios de violencia, debilitando su capacidad de acción y su legitimidad ante la ciudadanía.