El próximo lunes 30 de septiembre vence el plazo judicial para el desalojo de la toma “Calicheros”, ubicada en el sector Pompeya Sur de Quilpué. El terreno, que pertenece a la familia de Alejandro Correa —empresario asesinado por un sicario en 2020— ha sido ocupado por cerca de 150 familias desde hace años. El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, emitido en agosto de 2024, ordenó el despeje total del predio, pero el proceso ha estado marcado por demoras administrativas, incertidumbre legal y tensión social.

Licitación adjudicada, pero el escenario sigue incierto

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso adjudicó recién esta semana la licitación pública N° 109/2025 para la demolición de las viviendas instaladas en el terreno. El contrato, que moviliza cerca de $88 millones en fondos públicos, fue el último paso administrativo pendiente para ejecutar el desalojo. Sin embargo, el Serviu también extendió hasta el 25 de septiembre el catastro de las familias ocupantes, lo que ha generado dudas sobre la coordinación efectiva entre organismos.

La abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, expresó su preocupación por la falta de respuestas claras del Serviu y del Ministerio de Desarrollo Social. “El Serviu no ha respondido como debería, pese a su obligación legal. Afortunadamente la alcaldesa de Quilpué ha hecho ese trabajo y ha motivado la realización eficiente del catastro”, señaló.

Solicitud formal al fiscal nacional: aplicar ley de usurpaciones

Ante la posibilidad de que algunos ocupantes decidan resistir el desalojo, Bruna solicitó una audiencia por ley de lobby con el fiscal nacional, Ángel Valencia. El objetivo es que se designe un fiscal exclusivo para autorizar la aplicación de la ley de usurpaciones y la detención por flagrancia de quienes permanezcan en el terreno una vez vencido el plazo.

La abogada argumenta que, a diferencia de situaciones anteriores, ahora se puede identificar a las personas que decidan quedarse, lo que habilitaría la acción directa de Carabineros. “Solicitamos al fiscal Ángel Valencia que, respecto de los que se queden, se aplique ley de usurpaciones con designación de fiscal exclusivo que autorice a Carabineros la detención por flagrancia”, afirmó.

Asesoría legal y resistencia organizada

El abogado de los ocupantes, Rodrigo Valdés, presentó un recurso de protección en la Corte de Concepción —fuera de jurisdicción— y ha incentivado a las familias a permanecer en el lugar. Esta estrategia ha sido interpretada por la familia Correa como una maniobra para dilatar el proceso y generar un escenario de confrontación. “Uno puede entender que no lo hicieran antes porque era un grupo indeterminado de personas, a diferencia de lo que ocurriría si alguien se queda por la mala asesoría”, acusó Bruna.

El rol del Estado y las ayudas sociales

La abogada también criticó la ausencia del Ministerio de Desarrollo Social en la articulación de ayudas para las familias que podrían ser desalojadas. “Ha estado bastante ausente de la propuesta de ayudas sociales, estando obligado a hacerlo, mientras que el municipio sigue esperando que las familias vayan a catastrarse si es que necesitan ayuda”, señaló.

A cinco días del plazo final, la familia Correa espera que las familias se retiren voluntariamente y que la demolición se lleve a cabo sin incidentes. “Aunque no es posible mantener una confianza total en la palabra empeñada, atendida la historia de incumplimientos, todo indica que va bien encaminado”, concluyó Bruna.